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El Estado Nacional conservará la titularidad de las rutas y podrá retomar la gestión en caso de ser necesario. Las facultades delegadas serán de carácter limitado, temporal y revocable, según lo establece la normativa.
Las concesiones podrán extenderse hasta por 30 años. A su vez, los ingresos obtenidos deberán destinarse exclusivamente al mantenimiento del tramo concesionado, sin posibilidad de reasignación a otras obras.