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La decisión obedece a que la Secretaría de Trabajo recordó a los gremios la vigencia de la nueva Ley de Modernización Laboral 27.802, que establece a la educación como un servicio esencial y los sindicatos deben garantizar una cobertura mínima del 75% del servicio educativo para evitar su interrupción.
Según la ley aprobada por el gobierno de Javier Milei, la garantía de servicios mínimos debe aplicarse en el cuidado de menores y en los niveles guardería, preescolar, primario, secundario y educación especial.
La violación de la nueva normativa prevé sanciones a las organizaciones sindicales y declarar la medida de fuerza como “ilegal”.