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La resolución se produjo tras un acuerdo de juicio abreviado en el que Ocampo reconoció su participación en los hechos que se le imputaban, relacionados con negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito.
La causa se inició en el año 2017, cuando la fiscal de Instrucción Alejandra Talamona investigó un notable incremento patrimonial del funcionario, que superaba sus ingresos declarados.
La investigación determinó que Ocampo había utilizado a su pareja para ocultar la titularidad de los bienes adquiridos, en particular el complejo de departamentos ubicado en el centro de Curuzú Cuatiá.